Ciencia y tecnologia

Acciones legales de pescadores, no impiden al gobierno poner orden en hábitat de vaquita marina: abogado

Ernesto Méndez Excélsior

No existe ningún impedimento legal para que el gobierno de México realice operativos contra el uso de redes prohibidas en el hábitat de la vaquita marina, ni para desarrollar, probar y promover las artes de pesca alternativas y sustentables en beneficio de las comunidades, aseguró Rigoberto García Soto, quien fuera jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca en el sexenio pasado.
El ahora abogado de pescadores de San Felipe, Baja California, reconoció que las suspensiones definitivas ganadas en juicios de amparo ante Tribunales Colegiados por la Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro y permisionarios en solitario, que suman más de 200 embarcaciones menores, no imposibilitan a la administración federal de cumplir con su obligación de realizar operativos de inspección y vigilancia, ni de impulsar nuevos métodos de pesca en el Alto Golfo de California.
“Estas suspensiones que se otorgaron a los pescadores organizados en contra del Acuerdo publicado el 24 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es para que no se les impida transportar sus redes tradicionales, para que no sean obligados a entregarlas al gobierno, y para que no se las puedan decomisar fuera del agua, pero no les autoriza a hacer uso de ellas en las zonas de pesca», explicó.
Detalló que en el caso particular de los agremiados a la Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe, que cuentan con la asesoría de otro despacho de abogados, – y que en su momento fueron dirigidos por Sunshine Antonio Rodríguez Peña, preso en el penal federal de Hermosillo, Sonora -, ellos sí obtuvieron la suspensión definitiva para continuar usando las redes tradicionales.
Rigoberto García Soto indicó que, en este caso específico, los alrededor de 90 pescadores sí están en posibilidad de utilizar los chinchorros de línea sin ser molestados, en tanto el juez no resuelva el asunto de fondo.
«Esta federación sí obtuvo el paquete completo de suspensiones definitivas por un Tribunal de Distrito en Mexicali, para que puedan seguir pescando con las redes tradicionales, por lo que el gobierno está peleando, está tratando de revocar las resoluciones ante el Tribunal Colegiado», puntualizó.
El abogado aclaró que quienes sigan usando sus redes de enmalle o agalleras, sin contar con la protección de la justicia federal, pueden ser sujetos a procedimientos administrativos que eventualmente terminarían con el decomiso de su equipo de trabajo, como es el caso de sus defendidos, «porque no se obtuvieron por el momento las suspensiones definitivas», lo que se está combatiendo en tribunales colegiados.
De acuerdo con datos de las propias cooperativas en San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, hay alrededor de 900 embarcaciones menores (pangas), con permisos de pesca vigentes y alrededor de 600 que operan en la ilegalidad.
El también exdirector general de Inspección y Vigilancia de la Conapesca, señaló que los propios pescadores y tribunales esperarían que el gobierno diera cumplimiento a las partes positivas de la regulación de 2020, como es el desarrollo y uso de nuevas artes de pesca que sean eficientes, rentables y productivas, y que con ayuda de la tecnología sean más selectivas en la captura y anulen cualquier interacción posible con la vaquita marina y el pez Totoaba.
«Sí el gobierno no lo está haciendo, esa es una deficiencia del gobierno, pero no es una deficiencia que se puede imputar ni a los pescadores ni a los tribunales, porque eso no está en disputa, ni ningún juez ha emitido alguna resolución que le impida al gobierno hacer estos ensayos.
“El gobierno no lo está haciendo porque no tiene la capacidad o no dispone de los recursos suficientes para poder llevar adelante el desarrollo de esta tecnología», consideró.
En una reunión virtual con el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, representantes del gobierno mexicano argumentaron que la falta de resultados en el aseguramiento de redes ilegales y el desarrollo de artes de pesca que no maten a la vaquita marina se debe a que se encuentran atados de manos por las acciones legales emprendidas por pescadores organizados.
El pasado 24 de febrero, declararon que los amparos promovidos por las federaciones y cooperativas han provocado un impasse en las posibilidades de las autoridades para actuar frente a la veda de redes de enmalle.
«Al tratarse de un procedimiento de justicia, es importante esperar a que se declaren sentencias firmes para proceder», afirmaron.
Cabe recordar que, en julio de 2019, la UNESCO declaró “Patrimonio en Peligro”, a las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, por el inminente riesgo de extinción de la vaquita marina.
Rigoberto García Soto subrayó que el fracaso de las nuevas reglas para el Alto Golfo de California es el resultado de sacar un Acuerdo de un día para otro, sin cumplir con el trámite legal de convocar a una consulta pública a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), aduciendo que la norma la firmaba la Secretaría de Marina (Semar), porque se trataba de un asunto de seguridad nacional, cuando en realidad es un tema netamente de regulación pesquera.
«Publicaron la normatividad en el contexto de una reunión bilateral con Estados Unidos, donde tenían mucha presión y ante la ausencia de resultados, lo único que pudieron ofrecer fue un Acuerdo sacado al vapor que nadie está respetando, y que el mismo gobierno no está aplicando, y que genera problemas sociales que afectan no sólo el ambiente sino la economía de las comunidades, en una zona ya de por sí muy impactada por la delincuencia organizada», manifestó.
Agregó que se trata de una imposición que pasó por alto la normatividad que data de 2005 donde se establece la ruta que se debe seguir para hacer cambios en la regulación de pesca y medio ambiente en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, ya que deben formarse grupos de trabajo para discutir públicamente con el sector las modificaciones, recabar la opinión técnica-científica del Inapesca y considerar la posición de la Semarnat, con el fin de emitir la mejor regulación posible.
El abogado precisó que eventualmente llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que los ministros analicen el asunto de fondo, toda vez que hay inexperiencia, negligencia e indolencia en los funcionarios que emitieron estas nuevas reglas para el hábitat de la vaquita marina.
Dijo que la diversidad de criterios en las resoluciones de los tribunales de distrito y colegiados dan argumentos para discutir el tema, «porque se crean criterios dispares en la resolución de asuntos que parten de los mismos hechos».
Agregó que otro ejemplo de resoluciones distintas se dio con los barcos de Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora, que capturan en el Alto Golfo de California, ya que en el primer caso, el juez de Distrito negó la suspensión definitiva, mientras que en el segundo caso, otorgó la suspensión definitiva sobre la restricción de realizar sus actividades por la noche, y establecía un horario restringido de pesca de 05:00 horas a 16:00 horas, lo que dejaba fuera a la flota de altura y de mediana altura de la faena del camarón.

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